Los familiares de los demandantes fueron asesinados en la masacre ocurrida en San Pablo, Antioquia. La atrocidad ocurrió mientras el ejército se había retirado del casco urbano, la policía se acantonó en la estación y se negó a atender las llamadas de la población y la armada se negó a acudir al llamado de auxilio
En este caso está demostrado que las entidades demandadas omitieron adoptar medidas de protección que hubieran permitido evitar la ocurrencia de la masacre que cobró la vida de O. F. y M. R. Está probado, en efecto, que, durante los hechos, las demandadas incurrieron en omisiones en su deber de protección que, como ya lo declaró esta subsección respecto de esta masacre, resultaron indispensables para que los paramilitares asesinaran a las víctimas.
La fuerza pública, pudiéndolo hacer, no socorrió a la población civil de San Pablo, Bolívar, y sus habitantes quedaron bajo el poder y control de los actores armados, quienes actuaron con total impunidad y escaparon sin ser perseguidos. (…) la Sala imputará responsabilidad a las tres demandadas a título de falla en el servicio por sus omisiones determinantes en la ocurrencia de la atroz masacre que se cobró la vida de O. F. y M. R. (…) N]o es creíble la justificación de la Armada para abandonar a los civiles de San Pablo a la crueldad del ataque paramilitar.
Primero, porque no coincide con lo que -según reconocieron el propio comandante y su piloto fluvial- realmente: que las unidades de las Armada sí pudieron navegar hasta San Pablo por el río Magdalena sin novedad alguna, solo unas horas después de la llamada de auxilio, con el río exactamente al mismo nivel en que estaba en el momento de la masacre, con la misma oscuridad y el mismo nivel de riesgo. La Armada, en definitiva, no probó las afirmaciones que adujo para justificar su conducta omisiva. (…) Según (…) [las] reglas de la experiencia acopiadas en la sentencia de 30 de marzo de esta subsección, los hechos que denunció el subteniente por orden de sus superiores, sólo fueron posibles porque las fuerzas militares se ausentaron del casco urbano de San Pablo, sin justificación, durante el lapso en que ocurrió la masacre y sólo regresaron cuando los paramilitares ya habían sembrado el terror con las 14 muertes denunciadas y habían abandonado el lugar sin resistencia alguna. Esta subsección declaró que, en efecto, el Ejército también había incurrido en una conducta que había facilitado la incursión armada y la muerte de las víctimas. En consecuencia, le imputó responsabilidad.