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Ahora bien, aunque ha quedado claro que la pena de prisión impuesta al procesado ascendió a los 54 meses, parámetro objetivo que impedía aprobar el preacuerdo, ello por sí solo derrumba los argumentos del Ministerio Público al resaltar la autonomía judicial y la indiscutible importancia de los preacuerdos y/o negociaciones, que sin lugar a dudas implican la terminación anticipada del proceso, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera del delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición en su caso.

Reitera la sala que frente a las excepciones otorgadas al Juez de Conocimiento para la improbación de preacuerdos presentados por la Fiscalía, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que:
El Juez de Conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo presentado por la Fiscalía, salvo que este desconozca o quebrante las garantías fundamentales.

Acerca de esta última circunstancia, para la Sala es claro que las garantías fundamentales a las cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de la improbación para restañar el daño causado o evitar sus efectos deletéreos.

En este sentido, a título apenas ejemplificativo, la intervención del juez, que opera excepcionalísima, debe recabarse, se justifica en los casos en que se verifique algún vicio en el consentimiento o afectación del derecho de defensa, o cuando el fiscal pasa por alto los límites reseñados en los puntos anteriores o los consignados en la ley –como en los casos en que se otorgan dos beneficios incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para acceder a algún subrogado”. (CSJ SP13939-2014.

Bajo ese entendido, se generó una desconfianza en el usuario y demás partícipes de la administración de justicia, al concederse un beneficio que no procedía y en un delito de alto impacto como es el porte de armas de fuego que pone en riesgo la seguridad pública, independientemente que el arma fuere o no hechiza y fuere portada por un sepulturero como lo sostuvo en Ministerio Público, razón por la cual, el juez debió apartarse de dicho subrogado y actuar de forma objetiva, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en múltiples de sus decisiones.

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