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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca  declaró probadas las afectaciones de los derechos colectivos al medio ambiente sano y el acceso eficiente a los servicios públicos, vulnerados como consecuencia del hacinamiento carcelario no superado en todas las cárceles de Colombia. Ordenó que conforme a los estudios técnicos del INPEC, realizados con ocasión de las reclamaciones formuladas por el actor popular, el Presidente de la República y el Congreso den respuesta, instándolos a ejercer iniciativa legislativa que tenga como propósito superar el estado de hacinamiento carcelario, con base en criterios de igualdad y sustentados en la resocialización de las personas privadas de la libertad y en el principio de libertad de configuración legislativa.

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