El principio de congruencia es una garantía fundamental en los procesos judiciales, especialmente en el derecho penal, que se vincula directamente con el respeto al debido proceso y a los derechos de defensa de las partes involucradas en un juicio. Este principio establece que debe haber una estricta correlación entre los hechos imputados o acusados y la decisión judicial que se tome, de tal manera que el procesado no sea sorprendido con hechos o circunstancias que no le hayan sido previamente notificados ni discutidos durante el proceso.
Ahora bien, en términos generales, el principio de congruencia se refiere a la necesidad de que exista una correspondencia entre tres elementos fundamentales en un proceso penal: la imputación o acusación, el desarrollo del juicio y la sentencia. Esto significa que el acusado debe conocer desde el inicio cuáles son los cargos específicos que se le atribuyen, sobre qué hechos concretos versan dichos cargos y cuál es la norma penal que se considera infringida. De conformidad con lo anterior, la sentencia que se emita al final del juicio debe guardar coherencia con estos elementos, sin introducir nuevas circunstancias fácticas o jurídicas que no hayan sido previamente notificadas y debatidas.
El principio de congruencia protege varios derechos fundamentales del procesado, como lo son el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. Desde una perspectiva jurídica, se considera que el procesado tiene el derecho a conocer con precisión los cargos que enfrenta para poder preparar una defensa adecuada. Si durante el juicio o en la sentencia se modifican los hechos o se le atribuyen circunstancias nuevas no incluidas en la acusación, se estaría violando este derecho, ya que el acusado no tendría la oportunidad de contradecir adecuadamente los nuevos elementos.
De lo anterior se deduce que el principio de congruencia también se relaciona con el principio de seguridad jurídica. Esto es porque garantiza que las personas acusadas no sean juzgadas de manera arbitraria y que el juicio se desarrolle dentro de un marco de previsibilidad y transparencia. Las reglas del juego deben ser claras desde el inicio del proceso, y cualquier cambio en las circunstancias fácticas o jurídicas imputadas debe hacerse dentro de los cauces legales permitidos, garantizando siempre que el acusado tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente.
En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara al establecer que la congruencia entre la acusación y la sentencia es una exigencia insoslayable para garantizar el derecho al debido proceso. La Corte Suprema de Justicia ha insistido en que la condena debe basarse exclusivamente en los hechos que han sido objeto de debate en el juicio y sobre los cuales el procesado ha tenido oportunidad de pronunciarse. De conformidad con lo anterior, cualquier fallo judicial que desconozca este principio puede ser objeto de nulidad, ya que afecta gravemente los derechos fundamentales de la persona enjuiciada.
Un ejemplo típico de la violación del principio de congruencia ocurre cuando se condena a una persona por un delito diferente al que fue inicialmente acusado, sin que durante el proceso se haya hecho una modificación formal de la acusación. Por ejemplo, si a lo largo de un juicio penal se acusa a una persona de hurto, pero al final del proceso el juez decide condenarla por un delito de estafa, sin que el acusado haya sido notificado de esta modificación y sin que haya tenido la oportunidad de defenderse específicamente contra la acusación de estafa, estaríamos ante una violación del principio de congruencia. De conformidad con lo anterior, tal sentencia sería ilegal, ya que no respetaría el derecho del acusado a conocer los cargos en su contra y a preparar una defensa adecuada.
En relación con la tipificación, el principio de congruencia no solo se refiere a los hechos fácticos del caso, sino también a la adecuación jurídica de los mismos. Esto significa que si durante el proceso la calificación jurídica de los hechos cambia, es decir, si la Fiscalía decide, por ejemplo, modificar la acusación inicial de un delito de lesiones personales a un delito de homicidio, esta modificación debe ser comunicada formalmente al procesado, quien debe tener la oportunidad de defenderse contra la nueva calificación jurídica. En este sentido, la congruencia implica tanto una relación directa entre los hechos imputados y los hechos juzgados, como entre los delitos atribuidos y los delitos por los cuales se emite condena.
Por otra parte, el principio de congruencia también tiene implicaciones en cuanto a las penas que se imponen. Es decir, la pena que se determine en la sentencia debe corresponder con la tipificación del delito por el cual se ha declarado la responsabilidad penal del procesado. De conformidad con lo anterior, si el juez impone una pena correspondiente a un delito más grave que el por el cual fue acusado el procesado, se estaría violando el principio de congruencia, ya que se le estaría castigando por una conducta que no fue objeto de debate durante el juicio.
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